Los contratos firmados a propósito de la emergencia sanitaria desatada por el covid-19 están bajo análisis. Un informe de la Contraloría señala que en este momento están abiertos 179 exámenes especiales sobre contrataciones ejecutadas en el sistema de salud (público, del IESS y de la Policía), en los gobiernos autónomos y en la Función Ejecutiva.

La idea es verificar si existen irregularidades. Los primeros hallazgos apuntan a presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos e implementos de bioseguridad.

Según las investigaciones de la Contraloría, los productos no cumplían las características técnicas necesarias. Además, se benefició a vendedores y se incumplieron los parámetros de la Ley de Contratación Pública.

En el Hospital Guasmo Sur y en Los Ceibos de Guayaquil, por ejemplo, ya se establecieron indicios de responsabilidad penal (IRP).

Estos dos centros asistenciales forman parte de las 28 investigaciones previas que la Fiscalía también abrió para rastrear presuntos actos de corrupción en los procesos. Entre los posibles delitos que se indagan están peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias.

El Hospital Sagrado Corazón de Jesús-Quevedo y el General del IESS-Ibarra fueron los últimos centros allanados, en donde los agentes recopilaron evidencias.

El personal que incursionó en la primera de estas casas de salud halló contratos de insumos y medicamentos. Decomisaron esos documentos y dos CPU.

En uno de los escritos, que ahora forma parte del expediente, se detalla la compra de 800 cajas de mascarillas N95 (20 unidades) a USD 159 cada una. Para ello se destinaron USD 127 200.

Además, se compraron 1 500 trajes de protección de bioseguridad a USD 69,90 cada uno. El valor del contrato fue de USD 104 850. Pero según el precio del mercado, estos trajes pueden ser adquiridos hasta en USD 20.

En el Hospital del IESS de Ibarra ocurrió un hecho similar. Sus oficinas también fueron allanadas para investigar un presunto sobreprecio en la adquisición de fundas para cadáveres.

Sus directivos han dicho que todo se realizó con base en la normativa legal. Ayer, este Diario encontró en los archivos del Servicio de Contratación Pública un documento firmado por esa casa de salud el pasado 22 de abril. Se adquirieron 200 de esos insumos a USD 75 cada uno, por USD 15 000.

La Dirección Administrativa de este hospital señaló que antes de la pandemia se adquiría una bolsa hasta en USD 18, pero aseguró que “la demanda actual impide adquirir productos bajo las mismas condiciones”.

Hoy este lugar también es intervenido por la Contraloría General del Estado.

De hecho, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, envió una solicitud al ente de control para que examinara 584 contratos firmados por los hospitales del Seguro Social del país, y así determinar si “hubo o no inobservancia de la normativa legal vigente o irregularidades en los procesos”.

Otra auditoría que está en marcha es al instituto Provincial de Asistencia Social en Guaranda, Bolívar. En esa entidad se investigan presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos por la emergencia.

Según datos recabados durante el allanamiento, ejecutado el 23 de mayo pasado, se determinó que la empresa proveedora de estos productos se dedica a la venta de equipo tecnológico y no a la comercialización de canastas con alimentos.

El fiscal Cristian Lucio confirmó que en este caso existe una indagación previa por presunto peculado.

El Municipio de Colta, en Chimborazo, también fue allanado el 21 de mayo para recoger evidencias sobre un presunto sobreprecio en la compra de insumos de fumigación. El caso se encuentra en fase de investigación.

Fuente:Diario EL COMERCIO

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