El ministro de Trabajo, Luis Poveda, emitió el acuerdo 0124 que regula el procedimiento para la supresión de puestos en las instituciones del sector público, aplicando lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 60.

La normativa señala que la supresión procederá por razones técnicas, funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales, con la intervención de los ministerios de Trabajo y de Finanzas, y la institución objeto de la supresión de puestos.

Las únicas excepciones serán para los servidores que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidades severas, mujeres embarazadas, con licencia de maternidad, los servidores cuyos puestos se encuentren en uso de licencia sin remuneración o comisión de servicios con remuneración, por estudios de formación de posgrado.

El pago de la indemnización por concepto de supresión de puestos se realizará con cargo a la partida de proyectos de inversión (71).

Marcela Holguín (RC) advirtió que con este acuerdo quedarán fuera quienes ganaron concursos de méritos y oposición, por lo que pidió a la Comisión de los Trabajadores a la que pertenece que en la próxima sesión con el ministro del ramo se explique el alcance del documento, pues dijo que quiere conocer cuáles son las razones económicas y de optimización a las que se refiere el funcionario para dejar a miles de personas en el desempleo.

Con lo actuado por el Ministerio de Trabajo, según Holguín, “significa que el día de mañana más servidores públicos se irán a la calle sin respetar los contratos permanentes, los concursos de méritos y oposición, contraviniendo el artículo 82 y 89 de la Ley de Servicio Público sobre la estabilidad laboral”.

Además dijo que el Acuerdo contraviene con lo establecido en el artículo 229 de la Constitución que señala que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables.

Fuente: El Universo

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