El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que se reformara el reglamento que regula las atribuciones, deberes y responsabilidades de los Directorios y de las Gerencias Generales de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva. Lo hizo a través del Decreto Ejecutivo 1 075, suscrito el pasado martes, pero que se dio a conocer el pasado jueves 25 de junio de 2020.

En el documento oficial, que tiene solo un artículo, el Presidente dispuso que los directorios, ante el pedido del Ministerio de Finanzas, aprobasen los informes presentados por el Gerente, para autorizar procesos de negociación de operaciones que correspondan a las empresas públicas, que se estructuren para el beneficio del Estado en su conjunto.

“El Directorio, ante el requerimiento del ente rector de finanzas públicas (…), analizará y aprobará los informes presentados por el Gerente General que sustenten tal autorización”.

El Ejecutivo dispuso que “el Directorio podrá ejercer tal atribución cuando los estudios realizados y remitidos por el ente rector de las finanzas públicas, a más de los informes del Gerente General de la empresa, justifiquen que las operaciones que integren la estructura respectiva consideradas de manera integral, sean indispensables para generar un beneficio financiero o económico para el Estado”. De la ejecución del Decreto Ejecutivo 1 075, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, se encargarán la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto se firmó un día después de que el presidente Moreno anunciara, en cadena nacional, el reemplazo de los gerentes de las empresas eléctricas del país. El Mandatario tomó esa decisión, luego de que se presentaran centenares de reclamos por el cobro excesivo en las tarifas de luz durante los meses de confinamiento a causa del covid-19.

Moreno reformó las atribuciones de los directorios y gerentes de empresas públicas, añadiendo un inciso al artículo 3 del Decreto 822, que fue firmado por el expresidente Correa el 17 de noviembre del 2015.

Esta norma anterior establece que las atribuciones del Directorio se deberán alinear al plan estratégico empresarial, plan de negocios, expansión e inversión y otros instrumentos de planificación presentados por el gerente general.

Según la reforma, el Directorio deberá -antes de autorizar el inicio de procesos de negociación que se estructuren para el beneficio del Estado- aprobar los informes que sustenten esas operaciones. Además, ya no se limita al beneficio, rendimiento y utilidad de la empresa, sino del Estado en su conjunto.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO

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